Carceles en Cuba
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    Y los asuntos de fondo, ¿qué?

    Y los asuntos de fondo, ¿qué?
    El Tribunal Supremo debería hacer énfasis en los derechos comerciales,
    más que en la persecución del contrabando
    Martes, diciembre 6, 2016 | Alberto Méndez Castelló

    LAS TUNAS, Cuba.- Bloqueadas carreteras y caminos de toda Cuba por los
    rebeldes, ya finalizando el año 1958, los comercios de Puerto Padre
    estaban a punto de desabastecerse cuando Rodríguez, un comerciante
    emprendedor, dijo a los del gremio: “Voy a Miami a traer víveres.”

    Alistada una goleta en algo así como una semana, el comerciante fue y
    vino de Miami y los comercios de Puerto Padre fueron abastecidos con lo
    que más urgía.

    Hoy en Cuba esa posibilidad no existe. Y no debido al embargo de Estados
    Unidos al gobierno de la Isla, sino por el bloqueo ejercido por el
    Estado monopolista sobre los cubanos en la Isla.

    A tal punto está enraizada la concepción de cerco al ciudadano cubano en
    la mente de policías, fiscales y jueces, que la criminalización de
    operaciones comerciales de uso corriente en naciones civilizadas, no ya
    como ir en una goleta a Miami o a República Dominicana para traer
    mercancías, sino traer unas cuantas sayas o pantalones de más en el
    equipaje, originó divergencias entre operadores de las leyes en Cuba.

    Nada menos que el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular
    (CGTSP) debió, aunque en lenguaje legal, decir a policías, fiscales y
    jueces de mano dura: paren de llevar acusados a los tribunales y en
    casos de eso decomisen y pongan multas.

    Las actuaciones de autoridades con mente carcelaria, concerniente a la
    importación de productos o mercancías, al amparo de regulaciones
    aduanales y así y todo asumida cuales delitos, llevó al CGTSP a emitir
    el dictamen No. 449, según el acuerdo número 92 del pasado 15 de junio,
    publicado en la Gaceta Oficial el jueves 25 de agosto de 2016 diciendo:
    “En los últimos meses, se han recibido en los tribunales provinciales
    populares del país, varios asuntos por los delitos de actividades
    económicas ilícitas, contrabando y evasión fiscal, sobre los que han
    surgido divergencias en relación con la interpretación y aplicación de
    sus elementos integradores, afiliándose, indistintamente, a dos
    criterios interpretativos sobre la existencia o no de esos ilícitos
    penales a partir de la esfera de actuación administrativa que regula
    estas materia.”

    Según el acuerdo del CGTSP, en algunos de estos casos, “el acusado” en
    condición de “trabajador por cuenta propia”, personalmente, o mediante
    otra persona actuando por encargo, “viaja a otros países” y luego de
    declarar en Aduana y pagar los aranceles, introduce en el territorio
    nacional productos o mercancías que con posterioridad “destina a la
    venta u otras actividades con fines comerciales”.

    También dándose el caso de una red de personas que “realizan compras
    fuera del país” con el propósito de vulnerar las regulaciones aduanales,
    dice el CGTSP.

    Expresa el acuerdo 92 del CGTSP que, los partidarios de penalizar esos
    procederes, sostienen que la entrada al país de esas mercancías, aun
    legitimadas por la Aduana, si la persona realizó la importación con
    fines comerciales, “se puede configurar el delito de contrabando y
    también el de evasión fiscal”, pues, en el primer supuesto, no fue
    declarada “la verdadera finalidad comercial”, y, en la segunda
    suposición, el silencio del inculpado “evita también el pago de impuesto.

    Por el delito de contrabando, según el código penal cubano, puede
    imponerse una sanción de hasta tres años de cárcel. En igual sanción
    pueden incurrir quienes cometan evasión fiscal, delitos también sujetos
    a sanción de multas y accesoria de confiscación de bienes.

    Los operadores de la ley allegados a llevar a los tribunales a las
    personas vinculadas a estas importaciones, justifican “el delito de
    actividades económicas ilícitas” con la utilización en nuestro país “de
    estos productos o mercancías con fines comerciales, no autorizados
    legalmente, o en aquellos que sí lo están, pero infringiendo lo
    establecido en las regulaciones instituidas para el trabajo por cuenta
    propia”, refiere el CGTSP en el precitado acuerdo, añadiendo:

    “Otros, son partidarios que no siempre se integran estos ilícitos
    penales (delitos), una vez que el ciudadano declaró todas las mercancías
    y abonó los impuestos correspondientes”, y aunque esas mercancías
    importadas legalmente, estén en venta o prestaciones de servicios no
    autorizados por la ley, o infringiendo regulaciones del trabajo por
    cuenta propia, no deben ser objeto de acusación penal (ir a los
    tribunales), en tanto tienen corrección mediante derecho administrativo
    (multas con o sin decomiso), prevaleciendo el principio de mínima
    intervención, y sólo se justificaría la acción penal (llevar acusados a
    los tribunales) en caso de conceptuar delito, esto es, “casos de peligro
    social” o por “atacar de manera grave (romper el monopolio de Estado) la
    economía del país”, como sería el caso de redes organizadas para
    “vulnerar los mecanismos y regulaciones aduanales vigentes”, afiliándose
    el CGTSP a este criterio y dictaminando conforme a él.

    Los partícipes de criminalizar (llevar ante jueces con fin de
    encarcelar, multar, decomisar) las presuntas infracciones
    administrativas de los viajeros que llegan a Cuba con mercancías u
    objetos importados, en el primer supuesto, no fue declarada “la
    verdadera finalidad comercial”, y, en la segunda suposición, el silencio
    del inculpado “evita también el pago de impuesto, incurren en una
    incongruencia jurídica notable, equivalente a comprar soga para su pescuezo:

    En Cuba, ninguna persona natural, en su sano juicio, puede declarar en
    Aduana “finalidad comercial” en los objetos importados, porque,
    jurídicamente, esa posibilidad no existe: a las personas naturales en
    Cuba les está negado el derecho de realizar importaciones comerciales;
    luego, no es que el viajero esté incurriendo en delito de evasión
    fiscal, es que, una persona, no puede pagar aranceles por lo que
    expresamente le está prohibido traer a esta frontera.

    Así de sencillo: usted no puede traer a Cuba 40 pañuelos y 20 corbatas
    sin correr el riesgo de que le sean decomisados; las vigentes
    regulaciones aduaneras sólo permiten la importación de 20 pañuelos y
    cinco corbatas.

    El dictamen No. 449 del CGTSP conduce a un hecho público y notorio que
    nunca debió conducir a los operadores de la ley dados a meter gente
    presa a falsas interpretaciones:

    Es la Resolución No. 206 de 30 de junio de 2014, del Jefe de la Aduana
    General, con por lo menos cuatro ediciones en ese año en el manual,
    normas aduaneras, que todo viajero debe conocer, la legislación que fija
    la cantidad de productos que un ciudadano puede traer a Cuba, y es
    precisamente esta cantidad de productos, la que los aduaneros tienen en
    mente para determinar el carácter no comercial de la importación.

    Significo en mayúscula el No Comercial, toda vez que en su segundo
    acápite, la Resolución No. 206-14 (esa que los cubanos deben aprender de
    memoria cuando van a viajar, para cuando regresen a Cuba no les quiten
    lo que traen), no deja lugar a dudas cuando expresa:

    “La Aduana realiza, según el procedimiento establecido, el decomiso
    administrativo de los artículos o productos que se pretendan importar
    cuando las cantidades sean tales que, a juicio de las autoridades
    aduaneras, tengan carácter comercial.”

    Por si no fuera suficiente, los aduaneros está acuartelados bajo el
    artículo 18 de la Constitución que dice: “El Estado dirige y controla el
    comercio exterior (…) norma y regula las operaciones de exportación e
    importación (…).”

    Los operadores de las leyes en Cuba resultan omisos (dejados,
    negligentes, descuidados, incuriosos, olvidados) en no pocas ocasiones.
    Ahora es una de esas circunstancias: ahora se repite la sordera de los
    acusadores y no el silencio de la ley.

    Según la Ley de Procedimiento Penal, “cuando los hechos que en la
    sentencia se declaren probados se califiquen y sancionen como delitos,
    no siéndolo”, hay infracción de ley.

    El CGTSP se ha pronunciado diciendo: “En alguno de estos casos, el
    acusado ostenta la condición de trabajador por cuenta propia”.

    Cabe preguntarse: ¿qué suerte corrió este acusado? ¿Fue sancionado y
    confiscado sus bienes? ¿El indebido proceso lo exonerará?

    No lo sabemos. Sí sabemos que hasta poco antes del régimen despenalizar
    la tenencia de dólares, cientos de cubanos fueron sancionados por la
    posesión de dólares. Es como si en Cuba las leyes las manejara un ciego,
    que, para saber si va por buen camino, debe ir bastoneando.

    Limitado a dictámenes como el precitado 449, en tanto órgano estatal
    “subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y
    al Consejo de Estado” según el artículo 121 de la Constitución, el
    Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo no podrá interpretar y muchos
    menos dictaminar lo que por ley obliga al Supremo Tribunal de cualquier
    nación civilizada: hacer las leyes de la nación congruentes con el pleno
    ejercicio de los derechos universales. En Cuba eso sólo sucederá cuando
    los jueces antes de juzgar, no tengan que escuchar al jefe de Estado.

    Source: Y los asuntos de fondo, ¿qué? | Cubanet –
    www.cubanet.org/mas-noticias/y-los-asuntos-de-fondo-que/

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