Carceles en Cuba
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    Breve balance de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, 2016

    Breve balance de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, 2016
    Las condiciones de hacinamiento en las cárceles cubanas, la comida
    infecta y los tratos degradantes han sido denunciadas por las víctimas y
    sus familiares a lo largo de todo el año
    Marlene Azor Hernández, Ciudad de México | 30/12/2016 5:29 pm

    Enero comenzó con la quema de la Declaración Universal de los Derechos
    Humanos a manos de niños y adolescentes, conducidos a participar en un
    “acto de repudio” contra las Damas de Blanco. El Gobierno cubano viola
    el Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño de la ONU, al
    conducirles a observar la violencia y al orientarles quemar la
    Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lejos de protegerlos de
    los maltratos, los incita a la violencia.
    El aumento de la represión durante 2016, me hizo constatar la violación
    por parte del Gobierno cubano de la Convención contra la tortura de la
    ONU. Los arrestos son ilegales, la policía y los órganos de la seguridad
    del Estado no presentan sus datos de nombres y apellidos y número
    profesional registrado policial o de la seguridad del Estado, no existen
    órdenes de arrestos, no se saben las causas de los arrestos y pueden
    pasar 10 meses de cárcel sin ser encausados.
    El Gobierno cubano viola la Convención de la tortura porque no permite
    la llamada telefónica inmediata al arresto para avisar a sus familiares,
    no atiende al arrestado en sus necesidades médicas, no permite un
    abogado al arrestado desde el inicio de su arresto, y no existe
    mecanismo para apelar la decisión del arresto arbitrario. El Gobierno
    cubano viola la Convención contra la tortura porque no incorpora el
    término a su legislación penal ni la definición de los maltratos y
    agresiones físicas y psicológicas. No castiga los maltratos,
    humillaciones y agresiones por parte de las autoridades y permite y
    orienta las golpizas, malos tratos, celdas de aislamiento y regímenes
    penitenciarios arbitrarios de aislamiento con total impunidad.
    Las condiciones de hacinamiento en las cárceles cubanas, la comida
    infecta y los tratos degradantes han sido denunciadas por las víctimas y
    sus familiares a lo largo de todo el año. Los allanamientos a las casas
    de los opositores continúan siendo ilegales, no hay orden de registro,
    se violentan las casas, delante de los niños y jóvenes de la familia,
    las autoridades roban los instrumentos de trabajo, bienes y dinero y no
    existe ninguna institución adónde apelar. La violencia estatal no tiene
    ningún sistema de apelación. El Gobierno cubano viola los derechos
    civiles de la ciudadanía.
    En el año 2016 he conocido al menos ocho profesionales expulsados de su
    trabajo, que acuden a los tribunales laborales y no logran su
    restitución al puesto de trabajo por la arbitrariedad de estos órganos
    subordinados al PCC y a la administración. En Cuba no existe
    indemnización para las víctimas de los atropellos del estado ni órganos
    independientes adónde apelar las decisiones arbitrarias de los
    funcionarios públicos.
    El nuevo Código de la Familia sigue engavetado desde 1997 y no se ha
    discutido ni aprobado por el parlamento. El Código vigente delimita la
    adultez a los 16 años, cuando la Convención del niño de la ONU la sitúa
    a la edad de 18 años. Por lo tanto, las medidas correccionales a los
    adolescentes entre 16 y 18 años no deberían existir con la categoría de
    adultos, tampoco mezclarse en los centros correccionales adolescentes
    con adultos como sucede en Cuba.
    La figura del castigo corporal no está en el Código anterior y deja
    margen para los castigos corporales en la violencia intrafamiliar e
    institucional contra los niños y las mujeres. No existe en la
    legislación penal el delito de femicidio, y Mariela Castro proclama que
    en el país no existe ese delito. Sin embargo, las investigadoras de la
    temática en Cuba no logran llegar a todos los expedientes en Medicina
    Legal porque el delito no está tipificado y porque está prohibido el
    acceso a la información y la difusión de la problemática en la opinión
    pública del país. Las estadísticas muestran las muertes de las mujeres
    sin discriminar el delito de femicidio y las féminas seguimos sin
    protección frente a la violencia. El Gobierno cubano alude a un problema
    “cultural” como mismo argumentan los gobiernos africanos frente a la
    violencia de la ablación.
    Así he visto durante 2016 incrementarse las denuncias de la violencia
    contra las mujeres y no existe en Cuba refugios para las víctimas de la
    violencia familiar, los policías no toman las denuncias porque eso “es
    un asunto de pareja” en el cual no se involucran, (sobre todo si son
    militares los que golpean) y no existen medidas de control de proximidad
    entre víctimas y victimarios. El Gobierno practica “la política del
    avestruz” frente a la violencia intrafamiliar contra niños y mujeres.
    Así se viola la Convención contra la discriminación de la mujer de la
    ONU y la Convención sobre los Derechos del niño de la ONU. ¿Deben los
    niños y adolescentes de los opositores presenciar los actos de
    vandalismo y brutalidad de las autoridades contra sus padres y
    familiares? ¿Es correcto el arresto, las golpizas, los insultos a las
    Damas de Blanco cada domingo?
    Todos estos hechos violan las convenciones que he citado ratificadas por
    Cuba en Naciones Unidas. Este año he aprendido que es una enorme
    violación al respeto de la comunidad internacional y al pueblo cubano
    que el Gobierno de Cuba sea miembro del Consejo de Derechos Humanos en
    la ONU.
    El Gobierno de Cuba viola asimismo la Convención contra la
    discriminación racial de la ONU, siendo un Estado parte. El tema, si es
    tratado en la opinión pública, tiene la prohibición desde el léxico
    hasta el contenido. El Gobierno cubano permite que la discriminación
    racial sea tratada “como rezagos culturales del pasado” y obvia la
    desigualdad sociológica real de la discriminación racial en Cuba. No
    permite un Observatorio Nacional contra la discriminación racial, no
    permite la discusión de las desigualdades sociológicas por cuestiones
    raciales y no elabora políticas públicas que eliminen la discriminación
    racial de facto en Cuba. Este es otro tema tabú en la opinión pública
    nacional.
    He constatado en este año 2016, que el Gobierno cubano viola derechos
    laborales y económicos elementales a los trabajadores cubanos. No existe
    en Cuba el derecho a huelga y cuando esta ocurre es reprimida por la
    policía y los órganos de la seguridad del estado: tabacaleros,
    carretilleros, bicitaxistas e intermediarios agropecuarios, han sido
    arrestados, multados y decomisado sus productos sin que exista una
    legislación que respalde a los agredidos sino “las orientaciones” de
    campañas improvisadas y aplicadas con total discrecionalidad contra los
    supuestos transgresores. He visto, en este año 2016, que el salario
    mínimo sigue siendo paupérrimo y que el salario medio es al menos tres
    veces por debajo de una canasta mínima individual de alimentos y
    productos de aseo personal. Castigar a los trabajadores con un salario
    que no les permite resolver sus necesidades más elementales, obliga a la
    ilegalidad y convierte el trabajo en un ingreso inviable para sobrevivir.
    En Cuba el trabajo no es libre. Los profesionales no pueden ejercer sus
    profesiones en el sector no estatal y todos los trabajadores de servicio
    al exterior, y los contratados en empresas mixtas, son seleccionados por
    empresas estatales parasitarias que se quedan entre el 80 % y el 96 %
    del salario de los seleccionados. En Cuba no existe la libertad
    sindical, los sindicalistas independientes corren la misma suerte que
    los opositores: son sistemáticamente reprimidos. El Gobierno cubano
    impone impuestos a los salarios a partir de los 500 pesos, aunque muchos
    trabajadores del sector de la salud y la educación no lleguen a cobrar
    un salario de esta cuantía. De todas formas, el Gobierno impone un
    impuesto a la seguridad social a todos los trabajadores del sistema
    presupuestario tengan salarios inferiores los 500 pesos, monto que
    representa la tercera parte de lo que necesitarían para alimentarse y
    asearse en el mes.
    Por todo lo anterior, el Gobierno cubano viola los derechos económicos y
    laborales de los trabajadores, siendo un Estado parte en los Convenios
    de OIT, parte de la ONU, y ni siquiera publica los niveles de pobreza
    creciente en el país. Este es otro tema tabú en la opinión pública nacional.
    El Gobierno cubano viola los derechos sociales de los ciudadanos cubanos
    al no garantizar ni vivienda adecuada, ni satisfacer la demanda de
    materiales de la construcción, ni lograr el acceso al agua potable de
    manera estable y por el sistema de acueductos, al mantener salarios
    paupérrimos a los maestros y profesores, al no mantener la
    infraestructura imprescindible en los hospitales y escuelas, otorgar
    subsidios irrisorios y mantener pensiones paupérrimas. El Gobierno
    cubano ha dejado en la indefensión a gran parte de la población más
    vulnerable a partir de 2008.
    He conocido por las víctimas de este desamparo los casos que han sido
    excluidos de la seguridad social, “porque alguien en la familia
    trabaja”. Pero el subsidio y las pensiones en sí mismas, son tan
    miserables, que constituyen una burla a la población. Sin embargo, las
    FAR y el MININT cuentan con un sistema de seguridad social, separado del
    resto de la población, muy generoso que les permite pensiones muy
    superiores, y retirarse a edades tempranas, siendo su función pública
    más evidente, la represión en el país y el cuidado de las fronteras.
    El Gobierno cubano viola los derechos culturales de la población al
    mantener la mordaza, la represión, y la expulsión contra toda creación
    cultural que no sea del agrado de las autoridades del país. Así de
    arbitrario. No existe una ley que proteja a los creadores de las
    arbitrariedades del Estado. El caso de las Ciencias Sociales es
    dramático. La mordaza, censura y prohibición al acceso a la información
    y la prohibición de las investigaciones sobre todos los problemas
    sociales, económicos, civiles y políticos del país, hace cuestionarse a
    la ONU y a la ciudadanía cubana, ¿Por qué el Gobierno cubano se niega a
    monitorear el incumplimiento de los derechos económicos, sociales,
    culturales, civiles y políticos en Cuba?
    En este año que termina, yo como ciudadana cubana he aprendido que no
    tengo derechos de ningún tipo en mi país, en tanto ningún derecho es
    reivindicable ni justiciable en Cuba. Los ciudadanos cubanos estamos
    sometidos a la más alta arbitrariedad de un Estado que viola nuestros
    derechos y no crea las condiciones para poder reivindicarlos, tampoco
    para llevar las violaciones a los tribunales, penalizar a los
    responsables y recibir indemnización frente a la arbitrariedad de los
    propios funcionarios públicos sean civiles o militares.

    Source: Breve balance de las violaciones a los derechos humanos en Cuba,
    2016 – Artículos – Cuba – Cuba Encuentro –
    www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/breve-balance-de-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-cuba-2016-328212

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