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    Un caso de desahucio

    Un caso de desahucio
    BORIS GONZÁLEZ ARENAS | La Habana | 6 Ago 2015 – 9:21 am.

    La odisea burocrática de una familia despojada de su casa en la
    carretera a Varadero.

    Por estos días se rumora en Cárdenas que numerosas autoridades
    territoriales, entre otras las relacionadas con el Instituto de la
    Vivienda, han sido retiradas de sus puestos y es posible que alguna de
    ellas esté en la cárcel.

    La noticia ha movilizado nuevamente los esfuerzos de Bertha Luisa Lamorú
    Hernández, vecina de Carretera a Varadero Km 2, No. 1358, en el
    municipio matancero de Cárdenas. Ella lleva tres años viviendo fuera de
    su casa pues un proceso sorprendente por su arbitrariedad le retiró las
    tierras y el inmueble que, construido en ellas, le correspondían.

    El día 3 de abril de 2012, aprovechando que su hijo Harold Pérez Lamorú
    debió ir a la Habana, pues desde días antes se había concentrado en la
    vivienda junto a su madre para enfrentar el inminente despojo, oficiales
    del Ministerio del Interior —supuestamente dos tenientes coroneles—
    miembros de la policía sin los números que les identifican, autoridades
    del Gobierno, el Instituto de la Vivienda y hasta una ambulancia, fueron
    dispuestos para la acción.

    Terminaba así un proceso de expolio que había comenzado en el 2007,
    cuando falleció Carlos Leal Bailez, el esposo de Bertha. Carlos era
    dueño absoluto de las tierras y la vivienda que, al casarse con Bertha,
    ella había encontrado en un estado ruinoso y entre ambos, pero
    principalmente por ella que entonces trabajaba en un restaurante de
    Varadero, fue reconstruida.

    A los pocos días de fallecer su esposo, Bertha fue citada a la
    delegación del Ministerio de la Agricultura de Matanzas para cumplir,
    pensó ella, los trámites formales que debían hacerla propietaria. Tenía
    en su poder el certificado que acreditaba la pertenencia de la finca a
    su esposo y el testamento en el cual Carlos Leal la nombraba heredera
    universal de sus bienes, entre otros papeles que debían salvar el
    trámite pendiente de un modo favorable.

    Sin embargo, Bertha nunca pudo hacerse propietaria. La delegación
    provincial del Ministerio de la Agricultura de Matanzas, encabezada por
    el ingeniero José Miguel Rodríguez, desconoció la propiedad de Carlos
    Leal y dejó a Bertha sin derecho a las tierras ni al inmueble ubicado en
    ellas.

    La cantidad de documentos en poder de Bertha es considerable y entre
    ellos está el que dirigió el Centro Nacional de Control de Tierra,
    firmado por su director Pedro Olivera Gutiérrez, al mismo José Miguel
    Rodríguez, en octubre de 2008 conminándole a “adoptar las medidas que
    sean necesarias para concluir el trámite hereditario y exigir a los
    dirigentes y funcionarios de Cárdenas que no permitan injusticias”. Más
    adelante le demanda el honrado funcionario “trabajar con más agilidad,
    un proceso de este tipo jamás puede demorar tanto tiempo, por lo que a
    los responsables debe exigirle responsabilidad administrativa e informar
    a esta autoridad sobre las medidas tomadas”.

    Nada, sin embargo, consiguió Bertha y el desahucio fue la consumación de
    todas las acciones emprendidas contra ella. Al día siguiente del
    desalojo Bertha, su hijo Harold Pérez y su sobrino Víctor Cutiño fueron
    a la casa para llevarles comida a sus tres perros, pues en su residencia
    provisional no podían estar los animales. Sorprendentemente estaban allí
    los nuevos inquilinos, Rafael A. Basulto e Hilda Lídice Zaldívar Bernal.
    Días después los perros desaparecieron, sumando la familia a todo el
    dolor la pérdida de sus mascotas.

    Recientemente, el matrimonio beneficiado con la asignación de la
    vivienda la ha puesto en venta. Ello motivó que Bertha se dirigiera al
    Bufete Colectivo de Cárdenas en noviembre de 2014 y más tarde, en abril
    de 2015, a la Dirección Provincial de Justicia de Matanzas, para que
    declare “en litigio” la vivienda e impida realizar su venta.

    Pero, para sorpresa de Bertha, en la Dirección Municipal de Vivienda
    solo existe un expediente relativo a la propiedad del inmueble, y es el
    que adjudicó la vivienda el 31 de julio de 2012 a quienes desde el día
    siguiente de su desalojo, tres meses antes, ya la habitaban.

    Bertha parece haber agotado todos los recursos para hacer valer la
    justicia, pero las groseras manipulaciones legales que orientaron el
    despojo del que fue víctima, y la impunidad con que sus disposiciones
    fueron realizadas, hacen pensar que en Cuba la justicia no es un
    patrimonio general.

    Ella reclamó a las instituciones estatales por las vías que establecen,
    concibió hacer público el despojo parándose en una acera de La Rampa con
    un letrero en que pedía una entrevista con Ricardo Alarcón, entonces una
    importante autoridad cubana. Solicitó los servicios de la Asociación
    Jurídica Cubana, cuyos abogados, en especial Julio Alfredo Ferrer Tamayo
    le dieron toda la asesoría, atención y apoyo que las entidades oficiales
    le negaron, pero no obtuvo justicia.

    Al conocer Bertha de la suerte que parecen haber corrido algunas
    autoridades municipales de Cárdenas, entre ellas las relacionadas con el
    Instituto de la Vivienda, se pregunta quiénes habrán sido los afectados
    que tan drásticas medidas determinaron, cuando el ultrajante despojo que
    contra ella, su hijo y sus perros se practicó, y todas las denuncias que
    por ocho años ha hecho, no consiguieron movilizar la justicia y la
    correspondiente condena de los criminales implicados.

    Source: Un caso de desahucio | Diario de Cuba –
    http://www.diariodecuba.com/cuba/1438816050_16159.html

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