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    Cuba anuncia cambios en su legislación penal

    Cuba anuncia cambios en su legislación penal
    Detalles Publicado el Miércoles, 26 Junio 2013 02:50
    Por Miguel Fernández Díaz

    El gobierno cubano anunció la modificación del Código Penal (1987) y la
    Ley de Procedimiento Penal (1977) con el fin de actualizar las
    disposiciones legales vigentes y sintonizarlas con las transformaciones
    que tienen lugar en la vida socioeconómica del país.

    El Decreto-Ley 310/2013, publicado este martes en una edición
    extraordinaria de la Gaceta Oficial, indicó que las modificaciones
    procuran “mayor efectividad en la prevención y el enfrentamiento al
    delito” como adelanto “del trabajo que se ejecuta de manera integral en
    el estudio de la legislación penal”.

    El documento -de cuatro páginas- fue firmado por el gobernante Raúl
    Castro el pasado 29 de mayo, y es el primer paso formal en el
    perfeccionamiento del sistema de justicia penal de Cuba. La integralidad
    de esos cambios comprende además la implementación gradual de un nuevo
    código de contravenciones, una ley de policía y la modernización del
    sistema judicial para menores de edad.

    El Decreto-Ley entrará en vigor el 1ro de octubre del 2013.

    Disminuir población penal

    En esencia, las nuevas disposiciones están concebidas en virtud de
    flexibilizar las sanciones en los casos que “se evidencie escasa
    peligrosidad social, tanto por las condiciones personales del infractor
    como por las características y consecuencias del delito”, y buscar
    alternativas al internamiento penal.

    La población penal cubana asciende actualmente unos 50,000 sancionados,
    según cifras oficiales, aunque organizaciones de derechos humanos sitúan
    el número entre 60 y 65,000 reos. En Cuba hay cinco prisiones de máxima
    seguridad y otros 195 establecimientos penitenciarios.

    Uno de los cambios fundamentales está en la facultad concedida a las
    autoridades para imponer a los infractores una multa administrativa por
    un delito no exceda los tres años o multa de hasta mil cuotas, o ambas,
    siempre con la debida aprobación del fiscal.

    Los tribunales también podrán adecuar la sanción a los procesados en los
    casos en que la consideren “excesivamente severa” para el delito calificado.

    Protección para enfermos mentales

    Se incluye asimismo un beneficio para los sancionados que enfrenten
    enfermedades mentales.

    “Al que durante el cumplimiento de la sanción de privación de libertad
    sufra repentinamente de enajenación mental se le suspenderá la ejecución
    de dicha sanción, decretándose su internamiento en el hospital
    siquiátrico que designe el Tribunal Provincial Popular del territorio
    donde se encuentre cumpliendo el sancionado”, señala el decreto.

    En resumen, las modificaciones implementadas son las siguientes:

    La competencia de los tribunales municipales populares (TMP) se extiende
    a los delitos sancionables con privación de libertad de hasta ocho años.
    El límite anterior era de tres.
    Los tribunales pueden adecuar excepcionalmente la sanción de cárcel
    incluso por debajo del límite mínimo previsto para el delito juzgado, si
    considera que resulta excesivamente severa.
    El plazo para presentar apelación contra sentencias del TMP se alarga de
    cinco a 10 días.
    La policía puede resolver con multa administrativa y no llevar a los
    tribunales los casos de delitos cuya sanción no exceda de tres años (el
    límite anterior era de un año), aunque se requiere aprobación del fiscal
    para los delitos sancionables con uno a tres años.
    Las multas administrativas corren de 200 a 2,000 pesos para los delitos
    con sanción de un año o menos, y de 500 a 5,000 pesos para los delitos
    con sanción de uno a tres años, pero pueden llegar a 3,000 y 7,000
    pesos, respectivamente, según las circunstancias de hecho y persona.
    La multa debe pagarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a su
    imposición; de lo contrario, el caso pasará a los tribunales.
    Acusados extranjeros

    El 29 de mayo, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP)
    dictó su Acuerdo 122, de obligado cumplimiento para todos los
    tribunales, que marca igual compás de flexibilización:

    Aplicar la medida cautelar de prisión provisional (a la espera de
    juicio) “solo en los asuntos en que resulte estrictamente necesario” y
    la sanción de privación de libertad, “al menor número de personas
    posibles y solo por los hechos de mayor gravedad”.
    Realizar los juicios dentro de los 90 días siguientes a la imposición de
    prisión provisional y mantener “la política de amplia concesión de los
    beneficios de excarcelación anticipada”.
    El TSP instruyó también “prestar particular atención” a los casos con
    “acusados extranjeros o de situación migratoria permanente en otro
    país,” así como garantizar a los primeros la asistencia consular “como
    requisito esencial” de su defensa y no enjuiciarlos sin haber cumplido
    antes los trámites diplomáticos pertinentes.

    Source: “Cuba anuncia cambios en su legislación penal” –
    http://cafefuerte.com/cuba/noticias-de-cuba/sociedad/2938-cuba-anuncia-cambios-en-su-legislacion-penal

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