Carceles en Cuba
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    Cuba: Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales (2005)

    Cuba: Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales (2005)

    Población: 11.300.000 / Capital: La Habana / Convenios Ratificados: 29 –
    87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138

    Varios dirigentes sindicales condenados a prisión en 2003 siguen
    encarcelados, en ocasiones en pésimas condiciones. Uno de ellos fue liberado
    por razones de salud pero sigue bajo licencia extrapenal.

    DERECHOS SINDICALES SEGÚN LA LEY

    Un sindicato único

    Las autoridades cubanas sólo reconocen una sola central sindical, la Central
    de Trabajadores de Cuba (CTC).

    El Código de Trabajo que fue promulgado en julio de 1985 no contempla la
    posibilidad real y objetiva de la libertad sindical. El gobierno prohíbe
    explícitamente los sindicatos independientes, pero niega que exista una
    obligación legal para los trabajadores de afiliarse a la CTC.

    Negociación colectiva

    El Código de Trabajo impone que para su validez y eficacia jurídica los
    convenios colectivos tienen que ser discutidos y aprobados en asamblea de
    los trabajadores, formalizados por escrito y suscritos por las partes. Sus
    modificaciones o adiciones tienen que ser aprobadas en asambleas de
    trabajadores y suscritas por las partes, es decir, por la entidad laboral
    empleadora y por la organización sindical.

    El Estado controla el mercado del empleo y decide salarios y condiciones de
    trabajo en el sector estatal. En el sector privado, la ley de inversión
    extranjera de 1995 estipula que los inversores extranjeros deben contratar a
    los trabajadores/as a través de agencias estatales de colocación. Los
    inversores pagan a las agencias en dólares, pero las agencias les pagan a
    los trabajadores la cifra equivalente en pesos, quedándose hasta con el 95
    por ciento de sus salarios.

    La legislación no reglamenta el derecho de huelga. De acuerdo con el
    gobierno, no existe la necesidad de convocar huelgas puesto que las
    reivindicaciones de las organizaciones sindicales oficiales tienen la
    garantía de ser escuchadas por las autoridades.

    El gobierno aún no ha cristalizado las promesas de reformar el código
    laboral.

    DERECHOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA

    La actividad sindical independiente resulta imposible

    El gobierno obstaculiza cualquier intento de formar sindicatos
    independientes, sobre todo mediante las restricciones de la Ley de
    Asociaciones. Cualquiera que emprenda actividades sindicales independientes
    corre el riesgo de ser perseguido y de perder su puesto de trabajo. Se exige
    a los trabajadores/as que vigilen a sus compañeros e informen sobre
    cualquier actividad “disidente”. Los activistas laborales independientes se
    exponen periódicamente a detenciones, hostigamientos, amenazas de
    procesamiento y presiones para que se vayan al exilio.

    Las organizaciones existentes no consiguen representar efectivamente a los
    trabajadores/as. Al no estar reconocidas, no tienen derecho a la negociación
    colectiva, ni convocar a huelgas. Los trabajadores no pueden ejercer sus
    derechos, marchar pacíficamente ni participar en manifestaciones públicas y
    pacíficas para anunciar sus aspiraciones laborales. Las organizaciones
    independientes son establecidas por disidentes que se oponen al régimen de
    Castro y aunque defienden los derechos sindicales, inevitablemente están
    vinculadas a la lucha contra el régimen y a favor del respeto de los
    derechos humanos, en general. Sus oficinas han sido registradas, se ha
    confiscado su equipo y se han interceptado sus comunicaciones. En algunos de
    estos sindicatos se han infiltrado agentes de la seguridad del Estado.

    VIOLACIONES EN 2004

    Malos tratos y amenazas contra dirigentes sindicales encarcelados en 2003

    En Cuba la información está estrictamente controlada por el Estado, lo que
    hace que cualquier verificación resulte extremadamente complicada. No
    obstante, en el transcurso del año, se recibieron numerosos informes
    preocupantes relativos, en especial, al trato dado a los activistas
    sindicales encarcelados.

    En abril 2003, siete dirigentes sindicales independientes fueron
    encarcelados junto a otros 66 disidentes del régimen de Fidel Castro. La
    situación médica de varios de ellos se degradó considerablemente durante
    2004 por lo que algunos fueron puestos bajo el régimen de licencia
    extra-penal, lo cual significa que deberá cumplir la condena en su domicilio
    o en el hospital en donde se encuentre.

    En junio, se negó a Iván Hernández Carrillo, miembro del Ejecutivo Nacional
    de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) y
    condenado a 25 años de prisión, el acceso a su tratamiento médico contra la
    hipertensión. Los medicamentos, que sus familiares habían entregado a las
    autoridades de la prisión provincial de Holguín, sólo le fueron
    proporcionados dos semanas después. En agosto, Carrillo fue trasladado de
    Holguín a la cárcel de “Cuba Sí”, en represalia por una carta firmada por
    otros presos políticos que denunciaban el trato inhumano que reciben.
    Hernández estaba sometido a un régimen de detención de máximo rigor.
    Encerrado solo en su celda, estaba autorizado a recibir visitas de sus
    familiares cada cuatro meses; pero el 3 de junio, las autoridades cubanas
    rechazaron el acceso de su familia a pesar de que era un día de visita.
    Debido a la convivencia con reos comunes, Carillo fue amenazado de muerte
    varias veces sin que las autoridades penitenciarias prestaran atención a las
    peticiones de protección. En protesta por las pésimas condiciones
    carcelarias, Carrillo llevó a cabo cuatro huelgas de hambre.

    El Secretario General de la Confederación de Trabajadores Democráticos de
    Cuba (CTDC), Nelson Molinet, se negó a acatar el plan de rehabilitación
    impuesto a los reclusos, por lo que fue internado en una celda de castigo
    durante más de 60 días, antes de ser enviado por la fuerza a una división de
    homosexuales. Posteriormente fue trasladado a una sección de presos comunes,
    donde le robaron sus pertenencias, lo agredieron y lo amenazaron de muerte
    sin que las autoridades penitenciarias tomaran en cuenta sus denuncias. Se
    le niega la visita de sus familiares, la entrada de artículos para el aseo y
    comida. No se le permite enviar ni recibir correspondencia. Desde el inicio
    de internamiento, Nelson Molinet ha perdido más de 30 kilos.

    Miguel Galván Gutiérrez, Subdirector de la CNCSL, condenado a 26 años de
    prisión, fue también víctima de malos tratos a lo largo del año. El 5 de
    mayo fue trasladado a un destacamento con los presos comunes condenados a
    cadena perpetua por homicidio, aunque había sido encausado por un supuesto
    delito de “desacato”. Ha sido amenazado, hostigado y confinado por dos meses
    en celdas de aislamiento desde principio de año. Padece una enfermedad en
    los huesos de las piernas y se le negó una atención médica especializada en
    ortopedia, a pesar de haberla solicitado tras la aparición de fuertes
    dolores en la columna vertebral. Su visión disminuyó considerablemente y su
    delicada situación dental tampoco fue atendida. Además, el 29 de septiembre,
    varios guardias lo despojaron sin razón alguna de su colchón, incrementando
    sus dolores y sus limitaciones físicas.

    Liberado sindicalista por razones de salud

    El 18 de junio, le fue otorgada una licencia extrapenal por razones de salud
    a Carm
    elo Díaz Fernández, Presidente de La Unión Sindical Cristiana (USC) y
    Subdirector del Centro Nacional de Capacitación Sindical y Laboral (CNCSL),
    quien inicialmente había sido condenado a 16 años de prisión. La situación
    médica de Carmelo Díaz, (tenía problemas cardiovasculares) se agravó durante
    su detención en los cubículos especiales de la cárcel de Guanajay.

    Hostigamiento contra familiares de sindicalistas encarcelados

    El 31 de marzo, como condición para visitar a su esposo Carmelo Díaz
    Fernández, ordenaron a Dulce María Amador que se desnudase y se pusiese de
    rodillas. Al negarse a ello, no se le permitió ver a su esposo. Varios días
    antes, en una conferencia de prensa con la prensa internacional, el
    canciller cubano Pérez Roque presentó en la televisión cubana varias
    entrevistas hechas a familiares de los internos, entre otros, la esposa de
    Carmelo Díaz Fernández, cuyos testimonios fueron editados. Dulce Amador
    había protestado contra esta manipulación.

    El 6 de octubre 2004, Darelys Velásquez Falcón, esposa de Héctor Raúl Valle,
    Vicepresidente de la CDTC y condenado a 12 años de prisión, fue citada por
    la Seguridad del Estado instándola a abandonar sus actividades para obtener
    la liberación de su esposo. La amenazaron con trasladar a Héctor Raúl Valle
    a una cárcel ubicada en una provincia lejana. La señora Falcón ya había sido
    amenazada por las autoridades con ser arrestada si seguía con sus
    actividades.

    Sindicalista amenazado de muerte

    Lázaro González Adán, delegado de la CONIC, fue detenido en octubre y
    acusado de “desacato” por la policía política. Las autoridades del pueblo
    Sibanicú (Provincia de Camagüey) penetraron en su domicilio para arrestarlo
    y golpearlo en presencia de sus familiares. En días anteriores habían
    incitado a los vecinos para que los apedreasen a él y a su esposa. Su hijo
    fue también golpeado tras intentar escaparse. En julio, al regresar de un
    viaje, encontró una amenaza de muerte escrita en el piso del portal de su
    casa. Anteriormente también había sido amenazado de muerte varias veces por
    el jefe de la Policía de Sibanicú mientras se encontraba detenido.

    Sindicalista independiente hostigado

    El 5 de noviembre, el Secretario General del Sindicato Independiente de
    Trabajadores de la Industria Ligera, afiliado a la CONIC, Aurelio Bachiller
    Álvarez, fue citado por la policía de La Habana, que lo mantuvieron durante
    dos horas intentando convencerlo de que desistiera de sus actividades
    sindicales, consideradas ilegítimas por las autoridades, y que según ellos
    fomentaban la política norteamericana contra la isla.

    http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991222516&Language=ES

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